Qué hacemos

Nuestra actividad principal se divide en dos líneas de actuación: administración de bienes de pacientes y apoyo y guarda legal, según las figuras de protección previstas en la Ley.

En cumplimiento de los fines fundacionales, las áreas de actividad de la fundación son:

Administración de bienes de pacientes

El servicio de Administración de Bienes de Pacientes (ABP) está diseñado para dar soporte en la gestión de bienes económicos a los pacientes que residen en centros de Hermanas Hospitalarias con acuerdo, siempre que así lo solicite la propia persona, su representante legal o guardador/a de hecho.

Consiste en administrar, gestionar y custodiar sus bienes económicos, garantizando la total transparencia en la gestión y uso de los fondos económicos.

La Fundación lleva a cabo la administración de bienes, siguiendo las normas y procedimientos establecidos; buscando la transparencia, claridad de las acciones llevadas a cabo y la disposición racional de los recursos en beneficio del usuario/a.

En el momento del ingreso el/la paciente, familia o representante legal, firmará la autorización a favor de la Fundación, consentimiento de protección de datos, pauta de gastos y autorización para el cobro mediante recibo bancario, de las obligaciones que pueda asumir el paciente del centro en cuanto a ocio y actividades sociales, cafetería, ropa, calzado, productos de higiene personal, peluquería, tabaco, podología, farmacia, acompañamientos, traslados y otros.

Servicio de apoyo

El servicio de apoyo, antiguo servicio de tutela, ha estado dirigido hasta septiembre de 2021 a la atención de personas que se encontraban con la capacidad de obrar modificada legalmente. Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, se produce un cambio en la legislación estatal y se sustituye el servicio de tutela por el servicio de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, a través de figuras de apoyo representativas o asistenciales.

La Fundación María Josefa Recio mediante el servicio de apoyo y, a disposición de lo que establezca la autoridad judicial, garantiza el ejercicio de la capacidad jurídica a personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual y/o personas mayores con discapacidades propias del envejecimiento, sin otras figuras válidas de soporte en su entorno.

Velamos por la garantía de sus derechos, el bienestar, la calidad de vida y la construcción de cada persona de su proyecto de vida, trabajando la promoción de su autonomía, para que pueda necesitar menos apoyos en el futuro.

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